>“La UNC se debe limitar a aplicar una ley de rango superior”
>Córdoba Jubilación de docentes universitarios
La ley 26508 dicta que “los docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco años más después de los 65 años”. No obstante, la Universidad Nacional de Córdoba incurrió en el incumplimiento de la norma al disponer por ordenanza que sólo los profesores designados por concurso podrían ejercer dicho derecho de opción por la permanencia en el cargo. En diciembre de 2010, el Juez Federal Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar a una “Acción declarativa de certeza” presentada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), con el fin de que se suspendiera dicha medida.
El abogado Aníbal Paz explica que “los docentes, sin distinción de cargos, cargas horarias, ni dedicaciones, para continuar en actividad en la docencia en la UNC deben estar designados, (por el Art. 64 del Estatuto Universitario o como interinos), hasta los 70 años de edad. No obstante ello, y habiendo alcanzado la edad de 65 años, en la situación de revista que fuere, y teniendo en cuenta que es la propia UNC la que ha permitido y propiciado la precariedad laboral del 60% de su planta docente, en clara violación a normas legales (Ley de Educación Superior 24521, arts. 51 y 78), ahora no puede alegar en su favor su propia torpeza -la cual ha generado a su vez legítima expectativa de permanencia en los docentes- a los fines cercenar el derecho que el Congreso de la Nación en uso de atribuciones que le resultan exclusivas (Art. 75 inc. 12 CN) ha legislado en cabeza de los docentes a su sola opción (ley 26508)”.
Por otra parte, el especialista aclara que la universidad tampoco puede discriminar entre docentes interinos y regulares (o concursados) porque la ley no aplica dicha distinción. “En consecuencia los cargos interinos deberán ser renovados, una vez que el docente alcance la edad de 65 años, hasta que alcance la edad de 70, o antes, si el docente manifiesta la voluntad de jubilarse. Los docentes que tienen cargos regulares u ordinarios deberán ser designados, según el Art. 64 Estatuto Universitario, una vez que el docente alcance la edad de 65 años, hasta que alcance la edad de 70, o antes, si el docente manifiesta la voluntad de jubilarse”, señala el especialista.
En cuanto a los concursos, los profesores deben ser admitidos como aspirantes, y si correspondiere, designados, según la nueva Ley. Por otra parte, en tanto no se obtenga el alta al beneficio jubilatorio, y con 70 años de edad cumplidos, todos los docentes deben ser designados.
La UNC y su nueva Ordenanza o “su propia ley”
El 6 de diciembre de 2010, el Juez Federal Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del Juzgado N° 3, hizo lugar a una “Acción declarativa de certeza” presentada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), con el fin de que se suspendiera una ordenanza de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) contraria a la Ley 26.508/09, que fija el régimen jubilatorio especial para los docentes universitarios.
De este modo, todos aquellos docentes que hayan sido sometidos a intimaciones para jubilarse a partir del 4 de noviembre de 2009, podrán iniciar las gestiones correspondientes para ser restablecidos en sus cargos.
Algunos de los artículos comprendidos en la Ordenanza Nº17 de la UNC (destacados nuestros) son:
Art.1°._ Todo docente de esta Universidad, incluidos los profesores titulares plenarios, cesa en las funciones para las que hubiera sido designado interinamente, por concurso o por renovación de su designación conforme los arts. 64 y 80 del Estatuto Universitario, el 1° de abril del año siguiente a aquél en que cumple sesenta y cinco (65) anos de edad, salvo que opte por alguna de las alternativas contenidas en los artículos 2° y 3° de la presente.
Art. 2°.- Los docentes comprendidos en el artículo 1° de la presente ordenanza y que reúnan los requisitos mínimos de años de servicio para obtener la jubilación ordinaria podrán presentar, dentro de los treinta (30) días corridos anteriores al 1° de abril del año en que deban cesar en sus funciones, las constancias de haber iniciado los trámites correspondientes ante la Caja de Previsión respectiva. Los docentes que presenten las constancias requeridas en este articulo continuarán en sus funciones, en la misma situación de revista, hasta la obtención del beneficio previsional y durante un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados desde la fecha en que debían cesar. La autoridad que le había designado deberá dictar el pertinente acto administrativo reconociendo la continuidad de las funciones del agente y remitir copia de la resolución a la Dirección General de Personal de la Secretaria de Planificación y Gestión Institucional.
Art 3°._ Los docentes que tengan concurso vigente podrán ejercer la opción que les acuerda el artículo 1° inciso a} numeral 2} de la Ley 26508, y mantenerla, en tanto esté vigente el concurso u obtenga su renovación en los términos del los arts. 64 y 80 del Estatuto Universitario. Los docentes interinos podrán ejercer la opción de permanecer en el cargo sólo mientras se encuentre vigente su nombramiento, careciendo de tal derecho una vez vencido el plazo o cumplida la condición a la que su designación estaba sujeta.
Art. 4°._ La opción que establece la Ley 26508 en su artículo 1°, inciso a), numeral 2) debe ejercerse por parte del docente que se encuentre habilitado a ello dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha en que cumplen los sesenta y cinco (65) anos de edad, siendo innecesaria la intimación a que alude esa norma.
Vencido ese plazo se considerará que han desistido de ese derecho, apli-cándose en consecuencia lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto Uni-versitario.
Art. 70._Para los docentes que ejerzan más de un cargo, su situación se resolverá de modo independiente para cada uno de ellos con arreglo a las disposiciones de la presente ordenanza.
>La Universidad no acata la Conciliación Obligatoria
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Córdoba | Sin respuesta a los reclamos, más temprano que tarde, los docentes de la UNC volverán a dar pelea
Pese a que el gremio de los docentes universitarios de Córdoba (ADIUC) resolvió acatar la Conciliación Obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y, como consecuencia de ello, diferir la medida de fuerza que venía realizando, la UNC no se avino a hacer lo propio y desistir de las acciones determinantes del conflicto.
Ni la revisión de lo actuado en materia salarial, ni el respeto de la tutela sindical con la consecuente reincorporación del Delegado de Filosofía, Prof. Esteban Nicotra, ni la apertura de paritarias, han sido efectuadas.
Pareciera que la Rectora de la UNC, Carolina Scotto, entendiese que la conciliación decretada no obligase en igual medida a las partes involucradas.
A pocos días de producirse el encuentro de las partes en la sede de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, y habiendo transcurrido una semana desde que ADIUC suspendiera el plan de lucha, la UNC no ha dado ninguna señal tendiente a avanzar, debatiendo con los docentes.
¿Serán capaces las autoridades de superar su obtuso mutismo? ¿A quiénes acudirán cuando las medidas de fuerza vuelvan a la UNC producto de su falta de diálogo y respuestas? ¿Acaso será que el mandato de asegurar la “paz social” es tan rígido que no les deja más opción que la retórica legalista y las descalificciones?.
Mal que les pese a las autoridades universitarias, ADIUC es una realidad. Apelar a su desintegración a través de ‘chicanas’ y del armado de agrupaciones propatronales no basta para desdibujar lo existente. A punto tal que la propia autoridad de control, el mismo Ministerio de Trabajo al cual acudieron para que aplique sanciones y rubrique sus tesis descalificadoras, ha producido un reconocimiento “no deseado” al dictar la conciliación: ADIUC existe, representa a los docentes de la UNC, y las autoridades de esta institución, por más que insistan, no pueden permanecer ciegas, sordas y mudas.
>Horizonte abierto hacia una Universidad popular
>UNRC | Elección de autoridades: Triunfo de Marcelo Ruiz y Javier Salminis
La victoria de Marcelo Ruiz frente a Oscar Spada en la elección de Rector de la Universidad Nacional de Río IV viene a cerrar una etapa en el proceso de construcción de nuestra identidad regional. Etapa durante la cual libramos una doble batalla: primero, contra el modelo universitario imperante, fuertemente reproductor del tipo de sociedad capitalista dependiente en la cual se inscribe la educación superior de nuestro país. Segundo, contra nuestras propias ideas y prácticas dentro del sistema universitario nacional.
Fue, precisamente, a partir de la experiencia gremial desde donde se forjaron nuestros conceptos y objetivos más arcaicos respecto de la Universidad actual y, también, el espacio desde el cual Marcelo Ruiz, con fuerte presencia militante desde la Secretaría General del Gremio de Río IV (AGD) y la Secretaría de Derechos Humanos de CONADU, jugó un papel fundamental en la constitución del Frente de Recuperación Gremial.
Un primer intento a lo largo del camino recorrido, que a la postre resultó infructuoso, fue apostar al surgimiento de la izquierda durante la crisis que generó la división de CONADU a partir del enfrentamiento planteado entre diferentes bandos de la burocracia sindical. Fenómeno que aún permanece sin el debido balance y, por ende, sin la correspondiente y necesaria autocrítica de cara a la necesaria construcción de una herramienta sindical capaz de superar los renunciamientos y compromisos políticos con el poder por parte de las conducciones de FEDUN, CONADU y CONADUH.
Una segunda apuesta de Marcelo Ruiz a este proceso de transformación de la vida universitaria, es la que precisamente dio lugar al nacimiento de la “Regional” a partir de los primeros acuerdos efectuados entre los gremios de Córdoba y Río Cuarto, y las posteriores incorporaciones de las asociaciones de Rosario, San Luis y Villa María, que pusieron el acento en la unidad programática de los sindicatos combativos que, con un claro desarrollo autónomo, democrático y participativo de los trabajadores de la educación superior, apuntó sin claudicación contra la burocracia sindical y las patronales de turno exigiendo mayor presupuesto, recomposición salarial, estabilidad laboral, condiciones de trabajo y enseñanza dignas y ciudadanía plena.
Haciendo propio el lema de “la imaginación al poder” la Regional vino a instalarse a contramano del proceso de atomización y debilitamiento de los gremios universitarios de primer grado impulsado por el Gobierno y sus socios sindicales, para convertirse en una pieza fundamental en el sostenimiento de planes de lucha que llegaron a desbordar el dique de contención del poder, en especial durante 2005, momento en el cual se logró el mayor salto relativo del presupuesto universitario que por entonces trepó, tras el triunfo de la lucha docente-estudiantil, a más del 52% en un solo período.
El balance de dicha experiencia dio lugar a la interpretación correcta de que semejante batalla respondía al tipo de educación superior vigente y a que era necesario pelear por otra Universidad, contraria a la sostenida por la Ley de Educación Superior y las recetas del Banco Mundial. Una Universidad “popular”, “democrática”, “emancipadora” y “latinoamericana”, que permitiera un sindicalismo en sintonía y no antagónico, como el que la Regional venía ejerciendo contra las políticas neoliberales en el terreno universitario. Es decir, la lucha sostenida puso a la orden del día la necesidad de transformar la Universidad existente.
Sin embargo, tal enunciado presentaba un límite que no tardó en evidenciarse. Suponía a la Universidad actual como monolíticamente conservadora, y a su contrario -la Universidad popular-, como un ideal proyectado al futuro, pasible de ser logrado por la irrupción de la clase trabajadora y demás sectores populares antes que por la maduración de las contradicciones surgidas en el seno de la propia Universidad.
La necesidad de una nueva Reforma Universitaria apareció entonces como algo programáticamente excluyente, siendo su concreción ya sea en los marcos de la crisis de la sociedad actual o bien al calor de un proceso transformador de la misma, los escenarios contradictorios a dirimir.
No fue sino hasta la publicación del trabajo de Atilio Borón, “La academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico”, publicado precisamente en el marco del 90° aniversario de la Reforma Universitaria, que esta cuestión quedó zanjada. Con él, quedaba claro que la Universidad argentina, aún con todas sus miserias, no era absolutamente conservadora y que tal función la desempeñaba el academicismo ganado por las políticas neoliberales soportadas por los Consensos de Washington y Bolonia. También, los cómo y los por qué de la cooptación, por parte de tales políticas afianzadas en los ´90, de los cuadros intelectuales -en particular de los provenientes de las ciencias sociales-, y con ello, la necesidad de establecer las bases programáticas que precisasen los blancos de la lucha y permitiesen reclutar a los integrantes de la comunidad universitaria que resultasen críticos del orden existente.
El “experimento” de Río IV, con Marcelo Ruiz a la cabeza, vino, precisamente, a permitir verificar tales tesis a la luz de la práctica concreta.
Frente a Rectores como Martín Gill (Villa María), Carolina Scotto (Córdoba) y Oscar Spada (Río IV), que han avalado el pago de la deuda externa, la radicación de empresas monopólicas en el ámbito universitario (AGD, ARCOR, etc.), la enajenación de la enseñanza desde la integración del Consejo Provincial de Políticas Educativas de Córdoba, el imperio de la CONEAU, el creciente arancelamiento en sintonía con el vaciamiento presupuestario, el desconocimiento de los derechos humanos, laborales y sindicales de los gremios combativos, y una inocultable línea de alianzas con lo peor de la burocracia sindical de Daniel Ricci (FEDUN) y Carlos De Feo (CONADU), la experiencia a desarrollar en la Universidad de Río IV podría significar el inicio de un vuelco en otras latitudes.
Sin lugar a dudas, una de la primeras reparaciones a encarar por parte de la flamante gestión, que asumirá el próximo 5 de mayo, será la referida al esclarecimiento y castigo a los responsables por las muertes ocurridas hacia fines de 2007 tras la explosión de la planta piloto de biotecnología regenteada por la Familia Urquía, la multinacional belga De Smet y algunas autoridades universitarias locales. Crimen que no puede quedar impune y frente al cual el gremio docente de Río IV aparece como querellante junto a los familiares de las víctimas.
Como cuestión final, el mayor de los reconocimientos a los compañeros de AGD, quienes -a pesar de haber sido una pieza fundamental en este proceso de transformación universitaria-, se mantuvieron prescindentes durante todo el trámite electoral, ratificando la autonomía de la asociación sindical que supieron construir a lo largo de todos estos años.
Eduardo Maturano
Sec. Gral. de ADIUC
>Fragmentación y Debilidad Política
>Ciencia y Tecnología | Políticas de Estado
La fragmentación institucional en el sector Ciencia y Tecnología (CyT) es muy marcada en nuestro país y se caracteriza por la escasa interacción entre organismos públicos (universidades e instituciones varias), hecho que determina que los mismos funcionen como compartimientos estancos y aislados del conjunto.
Más allá de las excepciones que siempre existen, la fragmentación es, quizás, la causa más importante de que en nuestro país no se haya podido coordinar y encausar las diferentes potencialidades del sector CyT en la resolución de problemáticas públicas, sean estas estratégicas, económicas o sociales, constituyendo una de las debilidades más relevantes del sector.
La consecuencia directa de esta escasa interacción institucional determina que los problemas regionales o nacionales, de distinto tipo y magnitud, que habitualmente necesitan de conocimiento y tratamiento interdisciplinario para su resolución, queden en tierra de nadie.
Si bien el Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC – Ley Nº 25.467) es el espacio interministerial adecuado en donde se deberían resolver esos problemas, promoviendo proyectos que generen vinculación, la inoperancia de este organismo -hoy bajo conducción ejecutiva y coordinación del MinCyT- ha sido manifiesta desde su creación en 1996.
En síntesis, en muchas áreas en donde la participación CyT es crucial, no se ha podido vincular las problemáticas vigentes, con el conocimiento para resolverlas.
Como para no hablar en abstracto, veamos un ejemplo que todos conocemos, el mal de Chagas. Todos sabemos que tenemos mucho conocimiento sobre esta enfermedad y que durante años fue tema prioritario en Salud y en CyT.
Sin embargo, lo paradójico es que nunca hubo un plan que sistemáticamente hiciera, por lo menos, desinsectaciones programadas, coordinadas y sostenidas en el tiempo entre las provincias afectadas que permitieran tener un territorio libre de vinchucas en pocos años, como lo consiguieron Uruguay, Brasil, Chile y Guatemala (1).
Sólo hubo acciones aisladas o espasmódicas, en diferentes épocas y con algunos éxitos parciales pero que, finalmente, fracasaron.
Este es un típico ejemplo de que sólo con el conocimiento no alcanza. Hay un problema de coordinación -aunque puede no ser el único- y es acá donde debe aparecer la POLÍTICA,
Siguiendo con el ejemplo, nos preguntamos si no sería razonable que desde el poder político se baje la directiva, no ya de que hay que apoyar investigaciones sobre Chagas -una forma vaga de orientar un programa de trabajo-, sino de que hay que erradicar la vinchuca, y quizás así las cosas puedan empezar a encaminarse. Esta sería una manera diferente de formular una política.
Porque si se define con precisión qué es lo que hay que hacer, los distintos ministros del GACTEC deberán adecuarse a las circunstancias y conciliar las capacidades para resolverlo. Y eso podría generar la vinculación necesaria.
Por otra parte, durante años y junto a muchas organizaciones sociales/ políticas/ gremiales en el marco de una Multisectorial, hemos promovido la producción pública de medicamentos y vacunas (PPM), como una forma de transferir el conocimiento y resolver una problemática social.
Ese proyecto interdisciplinario e interinstitucional que, en sus orígenes, aglutinó a 25 laboratorios de PPM generando una Red Nacional de Laboratorios de PPM, fue coordinado por la ex Secretaría de CyT y, luego, ejecutado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de la Resolución 286/2008, que instalaba la PPM en todo el país para abastecer planes sociales. Además, esa Red contaba con el soporte tecnológico del INTI en diversos rubros y se planteaba hacer I+D asociado a las universidades y organismos de CyT en un proyecto claro de vinculación interinstitucional que “rompía” la fragmentación vigente en el tema, expandía el sector CyT sobre bases genuinas y resolvía una necesidad social.
Sin embargo, la primavera fue breve porque el proyecto iniciado por la ex ministra Graciela Ocaña, inexplicablemente fue desactivado por el actual ministro de Salud Juan Manzur, sin dar ningún tipo de razones. Entonces nos preguntamos: ¿Hacia dónde vamos?. ¿A quién se favorece con la desactivación de este Programa?. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública no utiliza la capacidad pública instalada en CyT en nuestro país para resolver este problema social?.
Si estos ejemplos de fragmentación son la consecuencia del desinterés, la ineficacia, o de una disputa de poder entre distintas fracciones dentro del gobierno, no lo sabemos. Pero, más allá de las causas, lo que sucede con el Chagas, o con los medicamentos, por mencionar algunos temas, no son deficiencias que se deben a limitaciones técnicas, es la debilidad de las políticas, y eso es lo que se debe resolver en el seno del gobierno.
Y esto no ocurre sólo en CyT, sino también otros ámbitos como, por ejemplo, en SALUD. Así, por ejemplo, el Dr Jorge Rachid en su artículo “La Salud: una cuestión estratégica” señala al respecto:
“Uno de los pilares de la dominación cultural neoliberal y el éxito del mismo como cultura dominante, es la fragmentación, no sólo en el ámbito de la salud, sino en cada expresión política, social o institucional de la Argentina. En lo específico de la salud, esa fragmentación se expresó con crudeza en la división hasta la municipalización de los servicios de atención de la enfermedad, decretando de hecho la desaparición fáctica del Ministerio respecto a la necesaria centralización normativa, herramienta central de la reforma carrillista que aún se estudia en otros países del mundo como teoría del hospital, aporte intelectual vigente e invalorable del primer ministro de Salud argentino” -se refiere a la reforma implementada por el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud en Argentina-.
Y hay que recuperar Soberanía en Salud dice Rachid (2) porque “una de las cuestiones que hace a la planificación de la salud es la dependencia que se tiene en el tema de los medicamentos, siendo esta una de las cuestiones centrales a resolver. Hasta hace no muchos años la materia prima de los medicamentos se fabricaba en nuestro país -algunos pocos laboratorios privados lo hacen- pero en general la droga base se compra en el exterior, lo cual nos hace vulnerables frente a cualquier eventualidad bélica en el mundo”.
Y agrega: “La producción pública de medicamentos a través de la Red de Laboratorios Públicos puede ser el eje de la recuperación de soberanía en salud, abasteciendo la atención médica primaria del sector público hospitalario, promoviendo como lo hace I-D investigación y desarrollo,
escaso en el sector privado, movilizando el excelente recurso humano con que cuenta nuestro país, constituyendo los Comités de Bioética que resguarden la prescripción de medicamentos genuinos, estableciendo estructuras de costos como testigos de precios”.
Y acá también -como con el Chagas y los medicamentos, y otros temas-, los problemas no es que no se resuelven por escasez de conocimientos o por limitaciones técnicas, las causas hay que buscarlas en la falta de convicciones, o en la debilidad de las políticas.
Finalmente, estos ejemplos no hacen más que ilustrar una de las conclusiones a la que llegaba el Dr. Diego Hurtado (*) en su libro “La Ciencia Argentina”, donde manifestaba: “la debilidad crucial del complejo científico-tecnológico argentino es política e institucional”.
Y estas cosas sí que deberían discutirse públicamente. Sería una forma de salir del encapsulamiento y de promover la participación democrática para poder, entre todos, generar proyectos en donde se construya sobre la base de consensos amplios que aseguren la continuidad de los mismos, más allá de las administraciones de turno.
(*) Diego Hurtado -“La Ciencia Argentina” –http://www.cuspide.com/isbn/9876280856-.
Notas:
(1) http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-124771-2009-05-12.html.
(2) El artículo completo del Dr Rachid se puede ver en: http://www.elgritoargentino.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=249:la-salud-una-cuestion-estrategica&catid=37:jorge-rachid-&Itemid=5.
Fuente: Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología
>Maiorana judicializa la protesta estudiantil
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UNR | Disciplinamiento de la política universitaria
Victoria Nardi (co-presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología durante el período 2008-2009) y Berenice Moulin (actual co- presidenta del mismo órgano gremial) son ambas estudiantes avanzadas de la carrera de Psicología de la UNR y militantes de una agrupación de izquierda.
El actual Rector Darío Maiorana les inició sumarios administrativos y una causa penal en el fuero Federal por “privación ilegítima de la libertad” y “ocupación del inmueble” (sede de Rectorado).
Al respecto, Nardi relata que “en el 2009 los techos de la Facultad de Psicología se cayeron en el medio de un día de clases, dejando dos trabajadores gravemente heridos, y mucha preocupación a todos los integrantes de la comunidad universitaria que nos encontrábamos presentes en ese momento. A partir de esa situación se realiza una movilización espontánea hacia el rectorado exigiendo una audiencia con Darío Maiorana para que de explicaciones y soluciones ante semejante situación. El Rector en ese momento no sólo no accedió a reunirse que nosotros sino que acudió a Tribunales Federales y realizó una denuncia en contra de 12 compañeros del Centro de Estudiantes, dentro de los cuales me encuentro incluida”.
El pasado 8 de febrero se tomó declaración a las estudiantes. Ahora, a distancia del hecho, Victoria analiza: “No es casual que se avance con este tipo de intimidaciones en un año en que se reeligen todas las autoridades en la UNR. De esta manera, buscan disciplinar a cualquier tipo de oposición y a los que se organizan para defender sus derechos básicos como estudiantes y como docentes. En el 2007 utilizaron barras bravas, golpes y amenazas. Este año es mediante judicialización de la protesta y acusaciones ridículas a los referentes de los órganos gremiales”.
http://www.ivoox.com/playerivoox_ee_577945_1.htmlEsta causa reunió a gente que apoya a las estudiantes “en la puerta de tribunales federales nos encontramos cientos compañeros/as que repudiamos el accionar represivo del rector Darío Maiorana, entre estudiantes y docentes de la UNR, representantes sindicales, organismos de derechos humanos y periodistas. Allí mismo se hizo circular una carta para juntar firmas, a la que además adhieren personalidades que no se encuentran en rosario que se solidarizan con el reclamo de cierre de las causas. Tal es el caso del premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, diputados provinciales, gremios, federaciones universitarias y organizaciones sociales de todo el país”.
La tiranía del tiempo político
La causa está paralizada, sin embargo los tiempos políticos no se detienen. En mayo habrá elecciones para renovar el rectorado y Victoria recuerda el eje del modelo actual: “Sostienen un impúdico manejo discrecional de los fondos de la UNR. Se manejan con autoritarismo. Faltan de políticas serias de Bienestar Estudiantil. Y se manejan con la persecución política a los y las docentes y estudiantes de la oposición, abriendo sumarios internos y causas penales a estudiantes por luchar por la educación pública”.
Sin embargo el panorama encuentra aliento según la estudiante en “El significativo avance de la izquierda independiente, en unidad con otras expresiones del movimiento estudiantil que rechazan la política del Rectorado, resulta fundamental en el año en que el rector Darío Maiorana (Franja Morada), su vice, Eduardo Seminara (PJ), y el secretario general Darío Masía (UCR-milletismo) buscan renovar su mandato por otros cuatros años. Su continuidad plantea la permanencia de la estructura de poder que instaló Millet desde 1985 y que ha sido afín a las reformas neoliberales en la Educación Superior en la UNR Personalmente creo que el intento de Maiorana es callar nuestras voces, un intento claramente fallido ya que en la Facultad de Psicología son cada vez más los estudiantes que nos acompañan en nuestro reclamo por el cierre de las causas, al igual que en las facultades de Ciencias Políticas y de Humanidades donde el repudio hacia a las causas abiertas a estudiantes por luchar es cada vez más amplio.”
Lejos de paralizar y acallar a los movimientos que promueven una Universidad democrática, autónoma y latinoamericanista, el trabajo sostenido y en conjunto de docentes y alumnos/as continúa dando batalla, desde la construcción, el debate y el diálogo.
>La UNC incumplió, a través de sus distintas autoridades, la obligación legal de haber llamado a concursar los cargos docentes.
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Una reciente publicación del diario La Voz del Interior titulada “UNC: ¿estamentos igualitarios?”, del médico y docente universitario Raúl Garabello, puso al descubierto la ilegal situación en que se encuentra la mayoría de los docentes universitarios “interinos” y la forma en que esa situación de precarización vulnera los más elementales derechos humanos y laborales. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) evidencia una displicente y discrecional política de manejo y administración del personal, que pone en jaque los derechos humanos fundamentales.
La ley 24.521 determina que, con carácter excepcional, las universidades nacionales podrán (…) prever la “designación temporaria” de “docentes interinos” cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancie el correspondiente concurso. Es decir, el mandato legal es claro en cuanto a que subordina ese tipo de designaciones al cumplimiento ineludible de dos requisitos esenciales: a) que sea imprescindible y b) mientras se sustancie el correspondiente concurso.
En el caso de la UNC, las designaciones apuntadas fueron limitadas al plazo de dos años y únicamente para resolver situaciones de emergencia. Lo cierto es que lo excepcional –designaciones interinas– se transformó en regla y la regla –llamado a concurso– en excepción, por voluntad exclusiva de las distintas autoridades, las que durante años procedieron a “designar” docentes en forma interina y a mantenerlos en esa situación por varios años, a través de sucesivas renovaciones.
Durante todo este tiempo, la prestación laboral de los docentes interinos a favor de la UNC tuvo por finalidad el cumplimiento de las funciones típicas y permanentes de esta casa de altos estudios, como así también que su régimen de designación y de renovación periódica, sistemática y habitual de sus cargos no encuadró en ninguno de los supuestos que habilitarían la designación temporaria como docente interino. Esto dio lugar a la típica situación de contrataciones irregulares por parte del Estado, las que –al decir de la Corte Suprema de Justicia– tienen la “(…) aptitud para generar una legítima expectativa de permanencia (…)”.
De las irregularidades señaladas, se derivó el desconocimiento de los más elementales derechos académicos y laborales, como: a) el derecho a elegir y ser elegidos y a integrar los órganos del gobierno universitario; b) derechos de naturaleza previsional creados mediante la ley 26.508, ya que por la ordenanza 02/10 la UNC sólo reconoció el ejercicio de los mencionados derechos a los docentes con concurso vigente o con evaluación de gestión satisfactoria y negó igual posibilidad a los docentes interinos; c) derechos de libertad y tutela sindical.
Recientemente, la decana de Filosofía y Humanidades, Gloria Edelstein, dispuso “la desvinculación” del profesor Esteban Nicotra, argumentando su calidad de “interino”, sin reparar que tenía mandato como delegado gremial, con lo cual vulneró la aludida garantía, que tiene por objeto asegurar al trabajador que decide participar en la actividad sindical no ser objeto de represalias, persecuciones ni discriminaciones.
La UNC incumplió con las obligaciones legales de haber llamado a concurso a los cargos docentes y de tener –a 1998– el 70 por ciento de los cargos concursados. Así, violó la disposición legal que le permitía designar en forma “excepcional” docentes interinos; quebrantó el estatuto universitario que prevé un plazo máximo de dos años para ese tipo de designaciones y, con ello, vulneró derechos creados mediante una ley del Congreso. Es decir, existió un claro mandato legal, dirigido a las autoridades universitarias, no acatado por éstas, que causó una lesión a los derechos de los docentes universitarios.
>El debate, impuesto a las Ganancias y salario
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El acuerdo CGT-gobierno reavivó la discusión sobre si es procedente aplicar el gravamen a los trabajadores. Este artículo propone dos líneas de análisis: para qué gravar y, en caso de la creación de un tributo específico, cómo se mediría el máximo admisible no sujeto a aporte
>Nació para la lucha
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Opinión | 43° Aniversario de la CGT de los Argentinos
Por Leónidas Ceruti, historiador.
En el Congreso Normalizador de la CGT, “Amado Olmos”, para los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968, las distintas corrientes del movimiento obrero chocaron entre sí. El Congreso se transformó en una verdadera batalla contra la dictadura, contra el participacionismo y el colaboracionismo de los burócratas. En él tuvieron cabida las aspiraciones de lucha de los trabajadores, y su voluntad de impulsar la lucha antidictatorial.
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