>El estudiantazo avanza, la ley retrocede

>UNC | Ley de Educación Provincial

Por Federico – Estudiante de Filosofía

En el marco del estudiantazo en curso, el movimiento estudiantil cordobés, particularmente el de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), logró una primera victoria que alienta conquistar el resto de las reivindicaciones que mantienen unidas a varias escuelas y facultades: el rechazo por parte del Honorable Consejo Suprior (HCS) del anteproyecto de reforma educativa provincial.

Tal acontecimiento ocurrió el pasado martes 27 de octubre, cuando el HCS tenía previsto aprobar una resolución que, con enmiendas menores, daba su aval al proyecto de reforma a la Ley 8113, de Educación Provincial, en sintonía con lo que unos días antes había declarado la rectora de la UNC, Carolina Scotto, quien afirmó “esta reforma es un claro avance con respecto a la legislación vigente”.

Sin embargo, alrededor de las cero horas del día 28, el HCS resolvió por unanimidad rechazar de plano el anteproyecto que la dirección de la UNC había sostenido -colaborando en su confección- desde 2008 y hasta unas horas antes de la reunión.

¿Qué pasó en el medio? ¿Qué determinó este súbito cambio de opinión? Simplemente, la irrupción del movimiento estudiantil, quien durante el desarrollo de la sesión en horas de la tarde había abortado la estafa de una rectora -parapetada detrás de los uniformes policiales para poder consumar su intención-, que intentaba avanzar a contramano de un movimiento mayoritario de secundarios, terciarios, universitarios, padres y docentes, claramente opuestos a la iniciativa alentada por el Gobierno de Schiaretti y sus aliados: los empresarios y la iglesia.

En el medio, una sesión que debía respetar su carácter público, máxime por tratarse de un tema tan sensible a la comunidad educativa, pero que por decisión del rectorado se transformó en una clara provocación a los numerosos estudiantes presentes quienes, en lugar de poder presenciar la sesión, se encontraron con un cordón represivo que no pudo, pese a todo, detener el ingreso al recinto.

Así, al verse desbordada por los estudiantes y sin saber cómo explicar la bochornosa presencia y actuación policial a sus órdenes, la rectora abandonó la sala. Junto a ella, se iba derrotado el último intento por burlar el reclamo generalizado de la comunidad educativa, y quedaba vacuo el apoyo uno de los principales apoyos al gobierno provincial para sostener su proyecto de reforma a la Ley 8113.

Sin lugar a dudas, este pequeño gran triunfo permitirá encarar el resto del pliego de reivindicaciones levantado por las asambleas de las facultades en lucha, y alentará la firmeza con la que se deberá enfrentar al gobierno provincial si persiste en aprobar una reforma educativa a todas luces antipopular.


Especial realizado por estudiantes de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) cuestionando la Ley de Educación Superior sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.

>“Participación y Compromiso” triunfó por amplia mayoría

>Río Cuarto | Elección AGD

La lista encabezada por Jorge Adaro y Sandra Miskoski (“Participación y Compromiso”) retuvo por amplio margen la conducción del gremio de los docentes universitarios de Río Cuarto al lograr el 63 % de los votos.

“Participación y Compromiso” obtuvo el apoyo de 313 afiliados, frente al 35 % de la lista encabezada por Ricardo Carrera, que logró 176 votos; alcanzando un nivel de participación similar al de la elección de 2008.

Tras los comicios, la lista vencedora cuestionó a la conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto debido a su injerencia en la lista opositora. También solicitaron que el intendente de esa ciudad, Juan Jure, explique por qué un funcionario de su gobierno (Carrara) encabezó la lista opositora en un sindicato universitario.

Tanto para Jorge Adaro como para Sandra Miskoski, una de las metas de la gestión para los próximos dos años es profundizar la unión de fuerzas a través del Frente de Recuperación Gremial en CONADU; al tiempo que indicaron como objetivo prioritario luchar por mejores condiciones de trabajo y de salario para todos los docentes universitarios.

>VIDEO: Contra la Ley de Educación Superior

>Especial realizado por estudiantes de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) cuestionando la Ley de Educación Superior sancionada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.

>La reforma está en marcha, y no se trata de leyes precisamente…

>Educación Superior

Sería erróneo considerar que una futura ley de educación o reforma de las leyes existentes abriría paso a una transformación del sistema educativo. Las leyes no hacen más que consagrar situaciones resueltas por la propia lucha de intereses, razón por la cual reflejan relaciones de fuerzas en un momento dado.

El mentado caso del proyecto de reforma educativa provincial de Córdoba ilustra esta situación: el cuestionamiento del carácter laico de la enseñanza, la correspondencia de la formación con las necesidades de las principales empresas o el mercantilismo de la educación, por citar algunos tópicos, no son situaciones que habrán de vivirse a partir de la puesta en marcha del nuevo marco legal, sino consagraciones necesarias de lo ya existente, concretamente, de la (i)legalidad hoy existente.

Algo similar a lo que sucedió con la legalización de las ilegales privatizaciones de las empresas del Estado tras el Pacto de Olivos y la Constituyente de Santa Fe.

La educación superior tampoco escapa a esta lógica. Las transformaciones operadas a partir de los ´90 no fueron el resultado de la legislación neoliberal: la precarización del trabajo docente, los incentivos a la enseñanza e investigación y la compraventa de conocimientos y tecnologías, eran ya moneda corriente en 1995 cuando el menemismo sancionó la Ley de Educación Superior (LES).

En los últimos años, infinidad de proyectos han avanzado dentro de las Universidades Nacionales en este sentido. Uno de los ejemplos es el Programa ALFA (América Latina – Formación Académica) que apunta a establecer un molde para el conjunto de las Universidades Latinoamericanas teniendo como referencia el modelo universitario de la Unión Europea. El mismo contiene diferentes proyectos ya en marcha, los cuales no están regulados por ninguna Ley Universitaria: el PIHE (Partnerships for Internationalization of Higher Education), el Tuning, el Proyecto 6×4 UEALC (Unión Europea – América Latina y el Caribe), entre otros.

Al igual que el formato europeo, corporizado en el Acuerdo de Bolonia de 1999, el ALFA surge de la acción de los Estados y no de las Universidades.

El Proceso de Bolonia, iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, es un acuerdo que firmaron los ministros de educación de diversos países de Europa, Rusia y Turquía en 1999, en la ciudad italiana mencionada. Se trató de una declaración conjunta (ya que la Unión Europea no tiene competencias en materia de educación) que dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales (de las sociedades anónimas para ser precisos).

La Declaración de Bolonia condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, que sirvió de marco de referencia a las reformas educativas que muchos países habrían de iniciar en los primeros años del presente siglo.

Este acuerdo se enmarcó dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, firmado en 1995 (año de sanción de nuestra LES), cuyo objetivo declarado fue “liberalizar el comercio de servicios a escala mundial” vía Organización Mundial de Comercio (ya que la OMC integra a 151estados, incluyendo a toda la Unión Europea) para introducirlos en el mercado en la medida que “la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados”.

El modelo Bolonia para las Universidades Latinoamericanas supone la no diferenciación entre educación pública y privada, el arancelamiento de los posgrados, la formación de cuadros universitarios para las empresas -siendo el mejor modelo de aplicación el de las “universidades empresariales”-, la creación de bolsas de trabajo para los profesionales con títulos de posgrado (variable según el grado de calificación), la acreditación universitaria y distribución de recursos en base a pautas, el ranqueo universitario de acuerdo al mejor ajuste a los standards de las distintas carreras consideradas estratégicas (aunque también a criterios de productividad, innovaciones, patentamientos, etc.) y la apropiación empresarial de los conocimientos vía papers e impacto de las publicaciones en manos de las principales universidades.

En pocas palabras, se trata de la apropiación monopólica del conocimiento considerado estratégico, lo cual implica la consubstanciación de las élites intelectuales con el modelo en curso. En el caso de nuestro país, dichas empresas industriales, agropecuarias, comerciales, financieras y de servicios, transitan desde hace tiempo y cada vez con mayor frecuencia los despachos oficiales en busca de consensos y acuerdos de “mutua” conveniencia. El reciente caso de La Alumbrera, es más que elocuente al respecto.
Perder de vista este escenario a la hora de entrar en la letra chica de uno u otro proyecto de ley puede ser algo que lamentaremos, por lo que urge convocar a la comunidad universitaria toda a analizar los procesos de reforma hoy en marcha.